Las reformas esperan agilizar la inversión de infraestructura en el país.
El presidente Gabriel Boric ha dado un paso importante para agilizar la inversión de proyectos público- privados en Chile, presentando dos proyectos de ley cruciales. El primero, conocido como «Sistema Inteligente de Permisos», promete simplificar el proceso de obtención de permisos sectoriales. Con esta propuesta, se espera que los tiempos de tramitación se reduzcan sustancialmente, en especial para pequeñas empresas, que podrían ver sus tiempos de espera reducidos a la mitad.
«Para que todos nos hagamos una idea, en promedio los tiempos totales de tramitación sectorial si logramos aprobar este ambicioso proyecto de ley (de permisos sectoriales) se debieran reducir en más de un tercio y especialmente para las empresas de menor tamaño que debieran reducir sus plazos para obtener los permisos a la mitad», aseguró el jefe de Estado.
Así, añadió que para ello el proyecto «incorpora medidas como plazos máximos, el uso del silencio administrativo, el exigir un examen de admisibilidad, simplificar el proceso para proyectos más pequeños de menor riesgo y la apertura de una ventanilla única».
El segundo proyecto, «Evaluación Ambiental 2.0», busca actualizar y mejorar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esta reforma incluye modernizar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica, además de eliminar ciertas instancias políticas en la calificación de proyectos para reforzar su carácter técnico.
Desde La Moneda, el presidente Boric instó al Congreso a tramitar rápidamente estas propuestas, subrayando su importancia para facilitar el crecimiento económico y la inversión en Chile. Estos proyectos no solo pretenden despejar las barreras burocráticas, sino también ofrecer una plataforma más eficiente y digital para la tramitación de permisos. Con estos cambios, Boric espera impulsar un entorno de negocios más dinámico y accesible en el país.
Sobre este tema, Clemente Pérez, abogado y máster en Políticas Públicas, destacó en una columna publicada en el Diario Financiero, que los proyectos presentados son “muy positivos” y catalogó la “permisología” como la “burocracia infernal que enfrenta un inversionista en nuestro país para desarrollar una iniciativa”.
Sin embargo, advirtió que “existe el riesgo de que estos dos proyectos ambiciosos demoren mucho en el Congreso y el legado del Gobierno sea sólo presentarlos, y de que en el intertanto hayamos perdido o retrasado cientos de proyectos necesarios para reactivar el empleo”.
En esa línea, analizó que “hay que sumar medidas administrativas, de gestión, y también un conjunto de proyectos de ley corta que eliminen cuellos de botella de manera quirúrgica” y agregó que “uno de ellos podría ser autorizar al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales a resolver algunos permisos, por ejemplo”.
Junto con esto, añadió que “otras reformas necesarias son apoyar el Proyecto de Ley de Desaladoras y poner un plazo a los Seremis de Vivienda y Urbanismo para resolver en tiempos razonables los requerimientos contra las Direcciones de Obras”.
Asimismo, indicó que “se necesitan reformas institucionales. La más urgente es la del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). En este organismo participan respetables gremios – como el Colegio de Arquitectos o el de Arqueólogos, entre otros-, pero que no tiene por qué tener participación directa en decisiones políticas. Aparte de posibles conflictos de interés, ese corporativismo no es propio de un régimen democrático”.
A lo anterior también sumó el retraso de tramitaciones por hallazgos arqueológicos, y afirmó que no hay catastros sobre esto, por lo que “se retrasan o paralizan proyectos por la importancia de hallazgos que ni siquiera sabemos dónde y en qué condiciones se encuentran”.
Así, resaltó que dado estos argumentos, “es muy importante avanzar hacia un Sistema Inteligente de Permisos”.
Detalles de los proyectos:
Sistema Inteligente de Permisos:
- Establece que todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad, establece plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no lo tienen y especifica el uso del silencio administrativo como medida de última ratio.
- Incluye criterios de proporcionalidad en la tramitación: Permitirá reemplazar autorizaciones, u otras técnicas, en razón de cada obra, instalación o actividad de un proyecto.
- Establece la plataforma SUPER como ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales.
- Crea un órgano público que tendrá como objeto hacer cumplir las normas de tramitación y velar por el perfeccionamiento del marco normativo de permisos sectoriales.
Evaluación Ambiental 2.0:
- Elimina dos instancias políticas: el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental para fortalecer el carácter técnico en la calificación de proyectos. La decisión de aprobar o rechazar un proyecto, recaería fundamentalmente en el Servicio de Evaluación Ambiental.
- Establece una sola vía de impugnación, el Recurso de Reclamación Único y Simplificado, para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración.
- Crea un proceso voluntario de participación temprana en donde inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos previo a la presentación del mismo al SEIA.
