La actual crisis de seguridad que atraviesa el país, sumado a la sobrepoblación en los penales, obliga a las autoridades a reevaluar el número de proyectos carcelarios.
El sistema de concesiones de cárceles en Chile fue implementado hace más de 20 años, en 2002, con la intención de brindar condiciones seguras y dignas a los condenados, sin hacinamiento y con más opciones de reinserción social. El primer grupo de cárceles concesionadas fue el de Iquique, La Serena y Rancagua, y tres años después, el entonces Presidente Ricardo Lagos inauguró en la Región de O’Higgins la primera de esas tres prisiones.
Desde entonces, este modelo penitenciario ha recibido críticas y apoyos, y ha protagonizado pugnas millonarias entre las constructoras y el Estado por discrepancias en costos. Además, ha sido objeto de controversia, como se evidenció en la propuesta de nueva Constitución el año pasado, que en su artículo 338 excluía a los privados de funciones ligadas al cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad. Sin embargo, esto fue descartado después del rechazo al texto en septiembre pasado.
En medio de la crisis de seguridad que afecta al país y la sobrepoblación en los penales, el Ministerio de Justicia ha anunciado avances en los planes de infraestructura carcelaria y se ha definido en torno al modelo de concesiones. Actualmente, existen poco más de 47 mil presos en el país, cifra que podría subir a 50 mil el próximo año, en un sistema que tiene espacio para unos 41 mil reclusos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha detallado el avance de dos proyectos relevantes que están impulsando: el recinto de Talca, que se concesionará este año, y el de Calama, que se hará vía inversión pública. En el caso de Talca, se trata de la licitación por US$ 20 millones aproximadamente para la habilitación y operación de un penal que ya está en construcción. Cordero indicó que se firmó el mandato con el Ministerio de Obras Públicas y la convocatoria para la licitación será el segundo semestre de este año, adjudicándose en 2024, para a fines de ese año iniciar sus operaciones en una primera fase con alrededor de 22% de su capacidad, que es para 2.320 internos.
Por otro lado, en Calama, tras dos procesos de licitación fallidos para el diseño de una nueva cárcel, en la tercera oportunidad se adjudicó a Crisosto Smith Arquitectos, y la Contraloría tomó razón del proceso. El diseño de este penal para 980 internos estaría concluido en 2025 y las obras se realizarían entre 2027 y 2030. El proyecto completo involucra $90.000 millones.
Evaluación del sistema
Luis Cordero ha indicado que el sistema de concesiones de cárceles es constantemente evaluado y constituye un aporte importante para la gestión penitenciaria, sin embargo, la seguridad y la reinserción social son dos ámbitos que deben ser ejecutados por Gendarmería. Actualmente, hay ocho cárceles concesionadas en el país que suman una capacidad de casi 17,000 plazas, representando cerca del 37% de la población penal nacional. A pesar de esto, la ocupación en varias cárceles supera el 100% o está muy cerca de esa cifra.
La cartera de concesiones del MOP considera las relicitaciones de los actuales grupos carcelarios para 2025 y 2026, y expertos y la industria estiman que la infraestructura debe crecer más rápido en el actual contexto de crisis de seguridad en el país. Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), sugiere ampliar en forma rápida las actuales prisiones concesionadas para generar 5,000 a 7,000 nuevas plazas en dos a tres años.
Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), afirmó que es necesario aumentar la infraestructura penitenciaria ya que la sobrepoblación tiene implicancias en la multiplicación de delitos y en la incapacidad de separar a reclusos de distinta condición. Cruz sostiene que el Estado debe expandir los recintos junto al sector privado.
Loreto Silva, exministra de Obras Públicas y socia de BES (Bofill Escobar Silva) Abogados, destaca el modelo de penales concesionados por permitir la construcción de infraestructura, su mantención y conservación, y considera una buena opción ampliar las actuales prisiones.
Catalina Binder, expresidenta del Panel Técnico de Concesiones y abogada del estudio Molina Ríos, advierte que el sistema penitenciario chileno necesita ser reforzado y ampliado con urgencia debido a las modificaciones que se están realizando en el ámbito penal, lo que requerirá de más infraestructura carcelaria.
Fuente: El Mercurio
