La crisis de hacinamiento en las cárceles chilenas ha alcanzado niveles alarmantes, con una sobrepoblación penal del 115.9%, según los últimos informes de Gendarmería. Ante esta situación, es imperativo un nuevo enfoque en la infraestructura penitenciaria para garantizar los derechos humanos y mejorar la seguridad en los centros de detención.
Acuerdo Público-Privado: Un paso crucial
En enero de 2024, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cámara Chilena de la Construcción sellaron un importante acuerdo público-privado bajo el Plan de Inversiones e Infraestructura Penitenciaria. Este acuerdo, que incluye la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes, busca mitigar el grave problema de hacinamiento y mejorar las condiciones de los internos.
Alfredo Echavarría, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, destaca que el plan contempla dos fases. La primera incluye la construcción de tres nuevos recintos penitenciarios en Talca, Copiapó y Calama, y la ampliación de cinco cárceles que hoy están funcionando. Este ambicioso proyecto, que representa una inversión de 900 millones de dólares, creará aproximadamente 9.000 nuevas plazas.
Echavarría señala que las nuevas cárceles tendrán módulos separados por género y nivel de peligrosidad, lo que permitirá una mejor gestión de los internos y reducirá la violencia. Además, estos recintos incluirán instalaciones para apoyar la reinserción laboral y programas de capacitación, mejorando las oportunidades de rehabilitación.
Crisis de Hacinamiento: Un problema urgente
La sobrepoblación carcelaria en Chile ha provocado un deterioro significativo en las condiciones de vida de los internos, afectando su salud física y mental. Según Gendarmería, hay 54.678 personas privadas de libertad en un sistema diseñado para poco más de 42.000 reclusos.
La Defensoría Penal Pública ha señalado que el hacinamiento exacerba los conflictos y dificulta el control efectivo de los reclusos, aumentando los riesgos tanto para los internos como para el personal de Gendarmería.
El presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), Pablo Jaque, advierte que la falta de personal adecuado agrava la situación. Con una proporción alarmante de uno a tres gendarmes por cada 250 internos en algunas cárceles, el control y la seguridad se ven seriamente comprometidos.
Soluciones a largo plazo
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha anunciado planes para ampliar y construir nuevas instalaciones penitenciarias, incluyendo el próximo Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción y el Centro Penitenciario de La Laguna en Talca. Estos proyectos, junto con una revisión y reforma de la política penitenciaria, buscan abordar tanto la sobrepoblación como las condiciones de vida de los internos.
En este contexto y dada la urgencia de contar con nuevos centros penitenciarios y lograr la ampliación de algunos ya en operación, es importante avanzar en materia de permisología, debido a que estos trámites institucionales terminan por ralentizar la concreción de nuevos proyectos, llegando a durar entre 10 y 15 años la construcción de nuevos establecimientos.Hoy, los acuerdos público-privado para la construcción de nuevas cárceles en Chile son un paso vital para solucionar la crisis de hacinamiento penitenciario. Con una inversión significativa y un enfoque en la segregación y rehabilitación de los internos, estos planes no solo mejorarán las condiciones de vida en las cárceles, sino que también contribuirán a la seguridad y la justicia en el país.
